¿Desde arriba y afuera o desde abajo y adentro?
Colectivo Sandino Vive* Publicado en el nº 3 de la Revista CORREO
Durante el período neoliberal centroamericano de la década del 2000, los gobiernos europeos impusieron una propuesta para elaborar y firmar un tratado comercial con los gobiernos centroamericanos, al cual llamaron Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica (AdA-UE-CA, o en forma simple AdA). Cuando en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional recibe el gobierno en el año 2007, la dinámica de las negociaciones estaba en marcha.
La agenda de negociación consta de tres pilares: el pilar comercial entraña negociar a partir de los acuerdos firmados por Centroamérica con el gobierno de los Estados Unidos.
El pilar político implica que los gobiernos centroamericanos asuman la visión que tienen los europeos sobre la gestión pública en tiempos de la globalización. El pilar de la cooperaciónse refiere a la disposición de los europeos para capacitar a los gobiernos centroamericanos sobre el pilar político.
En el transcurso de las negociaciones, a solicitud de Nicaragua, los presidentes de Centroamérica presentaron en la reunión de Honduras celebrada en marzo pasado, la solicitud de incluir en el acuerdo tres cláusulas de protección o salvaguarda: a) el respeto al marco constitucional existente, b) el respeto a la biodiversidad, c) la creación de un fondo de crédito europeo-centroamericano, considerado necesario para compensar las asimetrías tanto entre los países centroamericanos como entre la región y Europa.
Pero el portavoz centroamericano en la reunión de Honduras decidió no incluir la propuesta, frente a lo cual Nicaragua decidió retirarse temporalmente de las negociaciones, solicitando una mora de 6 meses a fin de consolidar el consenso entre los negociadores centroamericanos.
La decisión nicaragüense provocó múltiples contactos entre los gobiernos regionales hasta que en Puerto España (durante la Cumbre de Trinidad y Tobago), los cinco presidentes decidieron retomar las negociaciones, incluyendo el Fondo de Crédito o compensación, con un encuentro entre los jefes negociadores de todas las partes, en Bruselas.
En esa reunión, calificada como beneficiosa por Nicaragua, todos los gobiernos centroamericanos aceptaron “presentar el Fondo Común de Crédito-Financiero como una condición «Sine Qua Non» para el Acuerdo de Asociación recuperándose el consenso centroamericano”.
También acordaron crear una comisión conjunta de expertos entre todas las partes, para definir “los mecanismos para la implementación de dicho fondo” y Europa valoró la propuesta como “un documento bien sustentado”.
A continuación, el colectivo Sandino Vive de la Revista Correo, ofrece una síntesis de dichas negociaciones.
El pilar comercial
El pilar comercial contempla fundamentalmente cuatro temas: a) Acceso a mercados de cada bloque negociador, b) Establecimiento y Comercio de Servicios, c) Propiedad Intelectual, d) Compras Públicas.
a) En acceso a mercados, Centroamérica negocia aceptando las premisas de una suerte de asimetría al revés. Las economías centroamericanas ya son muchísimo más abiertas que la economía europea: la tasa promedio de desgravación tarifaria centroamericana es de 5.8 %, muy inferior a las tasas tarifarias de la UE. La UE establece cuotas para la importación de un conjunto de bienes; en Centroamérica no existen cuotas para los bienes importados.
En 2004, según el Banco Mundial, los subsidios directos o indirectos (“ayudas internas” en el lenguaje de la Organización Mundial del Comercio, OMC) de la UE a su producción agropecuaria, sumaron unos US$ 150 mil millones al año; en Centroamérica, las ayudas internas a la agricultura son prácticamente inexistentes. La UE se ha negado a discutir en la negociación el tema de las “ayudas internas”, con el argumento que es un tema que debe discutirse en la OMC. Con esa lógica, casi la totalidad de los temas que se abordan en el
Pilar Comercial deberían salir de la agenda y discutirse en la OMC.
Los estándares europeos en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, son más elevados que los prescritos por la OMC, pero la UE está imponiendo –y Centroamérica está aceptando– procedimientos más rigurosos de control administrativo, lo que hará mucho más difícil el acceso de las mercancías centroamericanas al mercado europeo.
A todo lo anterior, habría que agregar las abismales diferencias tecnológicas que caracterizan los procesos productivos de una y otra región. También existen otros mecanismos no arancelarios que aplica Europa para proteger a sus consumidores y restringir el acceso de bienes y servicios externos a sus mercados, y estos no son sujetos de negociación.
Es al interior de este andamiaje montado para ahondar asimetrías que la UE presenta una oferta de apertura de su mercado a 94% de productos provenientes de Centroamérica, más de un 60% de los cuales son bienes industriales que en la región no se producen o son muy escasos.
Además, a muchos de ellos sólo se les eliminaría el impuesto ad valorem, dejando vigentes otros impuestos que integran el sistema tributario europeo.
Dentro de la oferta europea se consolidan, como techo y no como base, los productos centroamericanos que ya están incluidos en el Sistema General de Preferencias (SGP), pero excluyendo los bienes de zonas francas que sí están incluidos en ese régimen tarifario. Al mismo tiempo, bienes de exportación imprescindibles de Centroamérica como banano, azúcar, productos con alto contenido de azúcar, ron y
carne de res no son parte de la propuesta de la UE y son objeto de regateo con tarifas y cuotas.
La oferta europea se establece a cambio del compromiso centroamericano para la desgravación del 90% de los productos europeos, incluyendo los agropecuarios que son subsidiados, y absolutamente limpios de cuotas, tarifas y medidas no arancelarias.
Hasta ahora, los países centroamericanos tienen una balanza comercial negativa con la UE. La profundización de asimetrías que conlleva el acuerdo en el ámbito de acceso a mercados, tendrá como resultado una ampliación de esa brecha y la desarticulación de potenciales encadenamientos productivos en nuestro mercado interior.
La ampliación de la brecha comercial centroamericana ya es un comprobado resultado del CAFTA. Antes de su entrada en vigor en 2005, el comercio de Centroamérica con Estados Unidos significaba un superávit de US$ 1,000 millones anuales, que cuatro años después se ha convertido en un déficit de US$ 6,000 millones,
producto de un anémico crecimiento de las exportaciones y de una aceleración de las importaciones.
b) En la mesa de Establecimiento y Comercio de Servicios, la imposición europea (y sumisión centroamericana) de la cláusula de nación más favorecida, significa que todos los privilegios concedidos en el CAFTA a los inversionistas estadounidenses, pasan a otorgarse automáticamente a las corporaciones europeas. Tales prerrogativas cumplen con el propósito de fortalecer el tipo de inversión depredadora que ya existe en la región:
1) Se impide a los Estados cualquier tipo de regulación de las inversiones. Es decir, los Centroamérica no puede exigir al inversionista ningún requisito de desempeño, como: uso de insumos nacionales; encadenamientos productivos internos; relacionar el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones; transferencia de tecnología o de conocimientos productivos; reinversión de una parte de las utilidades; estipular cuotas para la venta de mercancías en el mercado nacional; impedir una fuga masiva de capitales; asumir el costo de la contaminación en procesos de alto impacto ambiental.
2) Quedan atadas al máximo las posibilidades de cada estado centroamericano de intervenir o nacionalizar por razones de utilidad pública o interés nacional, las empresas de inversionistas europeos; se les otorgan tarifas.
3) Condiciona el respeto de los empresarios europeos a las leyes ambientales y laborales, y en general a las leyes y reglamentos en todos los ámbitos, a que su aplicación no se dé en forma “arbitraria e injustificada” (interpretado subjetivamente por cada empresario), o a que no se convierta en una “restricción al comercio o inversión internacionales” (también sujeto a una interpretación del inversionista).
4) Otorga a los empresarios europeos el privilegio de demandar a los Estados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal internacional adscrito al Banco Mundial, ante cualquier circunstancia en la cual consideren que sus intereses han sido afectados. Por el contrario, los Estados nunca pueden demandar a los inversionistas en un tribunal internacional.
Otro aspecto que se discute en esta mesa, es que mientras los Estados del capitalismo central intervienen violentamente sus sistemas financieros, Europa exige y Centroamérica acepta profundizar la liberalización de sus servicios financieros, de sus movimientos de capital, de sus servicios de energía, de sus servicios de telecomunicaciones, de sus servicios postales.
La lista de exigencias europeas para liberalizar servicios sigue ampliándose y la voluntad de complacencia centroamericana pareciera no tener límites.
Y en cuanto a los apetecidos servicios ambientales, los europeos no proponen cooperación y complementariedad, sino apertura indiscriminada.
c) En Propiedad Intelectual, con el CAFTA Centroamérica se adscribió al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en inglés), un Convenio adoptado en París en 1961 y con sede en Suiza, mediante el cual quedan protegidas las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual.
También se sumó al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacionaldel Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes.
Con ambas decisiones, la región permite las patentes monopólicas sobre todas la variedades de plantas existentes en su biodiversidad, por parte de quienes se digan “autores” de un gen, de una semilla o de una planta.
Además en el mismo CAFTA se catalogó la bioprospección y la investigación biogenética como un servicio comercial, susceptible de ser brindado por los inversionistas estadounidenses, con todos los privilegios que se les otorga en el tratado.
En otras palabras, se entregó el control de nuestro patrimonio bioquímico y genético, con carácter monopólico e ilimitado a las corporaciones gringas.
En el AdA, con la aceptación centroamericana de la cláusula de nación más favorecida en la mesa de propiedad intelectual, automáticamente también concede a las corporaciones europeas con carácter monopólico e ilimitado, el mismo control que ya tienen las corporaciones estadounidenses sobre nuestro patrimonio bioquímico y genético. Esto también significa que las multinacionales europeas de medicamentos y agroquímicos, como ya lo hacen las norteamericanas, podrán ampliar sus plazos de monopolio para impedir la importación y producción centroamericana de genéricos en esos rubros.
A su vez, en la misma mesa de Propiedad intelectual se adquirió el compromiso para firmar un nuevo tratado de propiedad intelectual, el Convenio de La Haya, que otorga derechos de monopolio sobre los dibujos y modelos industriales. Y está cada vez más fuerte la presión europea para que Centroamérica acredite sus listas para Indicaciones Geográficas, que tendría consecuencias nefastas para el desarrollo centroamericano, especialmente si se quiere avanzar hacia un mayor valor agregado de la producción de lácteos y cárnicos. Prácticamente cualquier procesado de leches o carnes podría ser acreditado como de origen europeo y tendría que pagar “royalties” (regalías).
d) En Compras Públicas, Centroamérica aceptó que los Estados no pueden establecer criterios de prioridad que favorezcan a las empresas nacionales, sobre todo a las micro, medianas y pequeñas empresas, que en definitiva no pueden competir con las europeas, si no es bajo condiciones favorables.
En suma, es tal la magnitud de la entrega de intereses y recursos estratégicos centroamericanos en el Pilar Comercial, que el modelo de integración centroamericana que se derivaría del AdA sólo podría responder al propósito de construir una plataforma para el anclaje del capital corporativo, estadounidense y europeo, amancebado con el capital oligárquico centroamericano en condiciones de subordinación. Sería la integración desde arriba y desde afuera, contraria a la integración desde abajo y desde adentro que necesitan los pueblos.
Pilares de Diálogo Político y Cooperación
Los europeos postulan como áreas objeto de cooperación en materia de Diálogo Político, ideas valores como democracia, buena “gobernanza”, derechos humanos, lucha contra el terrorismo, cohesión social, lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, etc. Son ideas valores que en principio y en el nivel de abstracción de su formulación inicial, se deben defender con consecuencia y sin ningún doble rasero.
Sin embargo, al aterrizar y analizar a la luz de la experiencia histórica la abstracción y los contenidos particulares de los textos, encontramos con que estas ideas valores tienen como función legitimar un monitoreo injerencista que violenta las soberanías nacionales e irrespeta las sensibilidades culturales, con el objetivo de que los europeos los usen para imponer condicionalidades y sanciones en el ámbito de las relaciones comerciales y de la cooperación para el desarrollo.
Hay numerosos ejemplos que confirman esta tesis:
En los textos, los negociadores europeos han colocado corchetes en todas las propuestas de contenidos centroamericanos referidos a los conceptos de respeto a la soberanía y sensibilidad cultural de los pueblos centroamericanos.
Están presionando intensamente para que se eliminen estos contenidos y ya hubieran sido eliminados si no hubiera resistencia de la región. Quieren hacer desparecer del derecho internacional los conceptos de respeto a la soberanía y sensibilidad cultural de los pueblos.
No quieren que se incluya como terrorismo la acción terrorista de los Estados, a pesar de que en el siglo XXI y también a lo largo del siglo XX, los responsables de las más crueles y devastadoras acciones de terrorismo han sido los Estados. La conceptualización de actores terroristas que aparece en los textos europeos está referida exclusivamente a sujetos individuales y grupos sociales.
No existen como responsables de acciones terroristas ni los Estados y sus órganos, ni los miembros de las clases políticas de los Estados.
En la temática de la lucha contra el terrorismo, los europeos quieren distinguir como “piedra angular” dos resoluciones que el expresidente de EE.UU. George W. Bush impuso en el Consejo de Seguridad. Una, la 1373, obliga a los Estados Miembros a adoptar algunas medidas para prevenir las actividades terroristas y penalizar diversas formas de acciones terroristas, así como para adoptar medidas que asistan y promuevan la cooperación entre los países, incluso la adhesión a los instrumentos internacionales contra el terrorismo. La 1267 ordena a todos los Estados Miembros negar autorización para despegar o aterrizar desde o en su territorio “a cualquier aeronave que sea de propiedad de los talibanes, o haya sido arrendada o utilizada por ellos o por su cuenta”, y congela los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control.
Ambas son resoluciones abusivas que expresan voluntades fácticas de poder, desnudas de principios y legitimidad jurídica. Ambas violentan cláusulas medulares de la Carta de las Naciones, como son: el respeto al debido proceso y el respeto a la soberanía de los Estados.
Estas resoluciones han servido para justificar algunas de las más abusivas violaciones de los derechos humanos en el siglo XXI: la sórdida cárcel de Guantánamo, las cárceles y torturas “desterritorializadas”, y los vuelos permisivos de prisioneros clandestinos atravesando continentes.
Además, citar como “piedra angular” la resolución 1267, es ofensivo para Centroamérica y para Europa; para Centroamérica porque parecen confundirla con Afganistán y quien la lea pudiera suponer que Osama Bin Laden se esconde en Centroamérica; para Europa, porque su representación revela un sorprendente nivel de ignorancia histórica y geográfica.
En las negociaciones del AdA, la UE presiona tenazmente para que Centroamérica acepte en los textos el denominado “diálogo macroeconómico”. En los textos presentados, la UE pretende un monitoreo de las respectivas políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal, finanzas públicas, estabilización macroeconómica, deuda externa). En la práctica, este monitoreo se convertiría en un monitoreo unilateral por la incapacidad y falta de interés de Centroamérica de monitorear las políticas macroeconómicas europeas. Por ello, lo ideal
es que el monitoreo de la política macroeconómica sea una competencia soberana de los Estados, y a la región no le debería interesar participar en este “diálogo” que se convertiría en una injerencia unilateral. Sobre todo, considerando que en la actualidad la UE utiliza su cooperación para el desarrollo para establecer condicionalidades en la orientación de la política macroeconómica.
Algún país centroamericano ya ha sido víctima de esta condicionalidad injerencista: a inicios de su gestión, un gobierno centroamericano se resistió a firmar un nuevo acuerdo con el FMI; en ese momento la representante de la UE expresó públicamente que si el gobierno no firmaba el acuerdo ponía en riesgo la cooperación que bajo el concepto de “ayuda presupuestaria” suministraba la UE; el gobierno se vio obligado a firmar el acuerdo con el FMI.
Hace poco tiempo, en Nicaragua la UE terminó retirando su cooperación en ayuda presupuestaria para presionar en otra línea de injerencias, la injerencia política. No le gustaron los resultados de unas elecciones locales porque no favorecieron a las fuerzas sociales que promovió y financió durante la campaña electoral a través de su cooperación (ONG y empresas mediáticas, que son la base de apoyo de partidos políticos que resultaron derrotados).
La cuestión migratoria
Donde con más claridad se revela el doble rasero de la perspectiva de derechos humanos que promueve la UE, es en el abordaje de la cuestión migratoria en el proceso de negociación.
Centroamérica ha venido defendiendo tres principios centrales:
a) La cuestión migratoria no puede abordarse como un fenómeno solamente localizado en los espacios geográficos emisores y receptores de migrantes, y es necesario analizar y resolver sus causas sustantivas en el vigente orden económico global. La mayoría de los flujos migratorios contemporáneos tiene su raíz en la creciente polarización pobreza-riqueza, generalmente entre el sur y el norte, que divide y amenaza la convivencia de la especie humana. No se puede abordar ni resolver con seriedad la cuestión migratoria en el mundo actual si se escamotean sus causas sustantivas.
b) Los migrantes irregulares, por el hecho de serlo, no pierden su humanidad y se les debe reconocer rigurosamente sus derechos humanos.
c) Debe evitarse la criminalización a priori de los migrantes irregulares, y por tanto exigir que no sean tratados como delincuentes comunes.
Estas tesis elementales, casi de sentido común desde una actitud de coherencia con la defensa de los derechos humanos, han sido sistemáticamente rechazadas por los negociadores europeos. Se insiste y se presiona por eliminarlos o cambiarles su sentido de realidad.
Ambas partes defienden como principio que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio y los crímenes de guerra no deben quedar impunes, y que deben tomarse medidas efectivas en los ámbitos nacional e internacional para evitar dicha impunidad, respetando los órdenes legales establecidos en cada Estado.
Son respetables la iniciativa de la UE de promover internacionalmente la adherencia al Estatuto de Roma y la aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la decisión de los países que han aceptado soberanamente su adscripción a la Corte. Pero resulta la peor manera de promover esta adherencia tratar de imponerla como una condicionalidad para la firma de un acuerdo comercial adornado con una máscara civilizatoria.
La adscripción a una Corte Internacional es de exclusiva jurisdicción soberana de los Estados.
No se debe descartar la posibilidad de una adscripción de todos los países centroamericanos a la Corte Penal Internacional, pero aún se tienen dudas legítimas sobre la autonomía normativa de esta corte frente a las determinaciones de los megapoderes internacionales. No se ha visto allí ninguna iniciativa contra los responsables del mayor genocidio del siglo XXI, el genocidio contra el pueblo iraquí provocado por una guerra ilegal e ilegítima (más de un millón de muertos, cuatro millones de desplazados y la destrucción de la herencia cultural de una civilización emblemática). Tampoco se ha visto iniciativa alguna contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad contra la población palestina que continúan cometiéndose impunemente.
Cuando sean investigados y acusados los responsables de estos crímenes, seguramente ningún país dudará en adherirse al Estatuto de Roma.
Mientras tanto, no es deseable aceptar que la UE utilice el AdA para violentar la potestad de jurisdicción de Estado soberano.
*Equipo redactor de Correo
